El Gobierno de Cuba anunció que permitirá a sus ciudadanos en el exterior, incluido el exilio histórico, invertir en el sector privado de la isla, en una medida que marca un giro significativo en su política económica.

La decisión llega en paralelo a contactos reconocidos por La Habana con la administración de Donald Trump, que ha endurecido recientemente las sanciones contra el país.

El vice primer ministro y titular de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva, aseguró en una entrevista con NBC que el país busca una relación comercial más fluida tanto con empresas estadounidenses como con cubanos residentes en ese país y sus descendientes.

Según explicó, la apertura no solo abarcaría pequeños negocios, sino también grandes inversiones, especialmente en infraestructura.

El funcionario, familiar del expresidente Raúl Castro, insistió en que el embargo estadounidense sigue siendo un obstáculo clave para el desarrollo económico, al limitar el acceso a financiamiento, tecnología y combustible, en un contexto de profunda crisis interna.

Desde el ámbito académico, el economista Ricardo Torres en entrevista con RTVE llamó a la cautela ante la falta de detalles concretos.

Si bien reconoció avances previos para atraer capital extranjero, advirtió que persisten dudas sobre la viabilidad del plan, especialmente por la fragilidad económica del país.

Torres también subrayó el carácter sensible del papel del exilio, históricamente visto con recelo dentro de la isla, y cuestionó si habrá garantías suficientes para incentivar inversiones.

“Sin resolver los problemas estructurales, es difícil imaginar una llegada masiva de capital”, señaló.

La medida, aún sin reglamentación oficial, abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno cubano y su diáspora, en un escenario marcado por presiones externas y desafíos internos.